Incendio de Guadalajara

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La juez ve indicios para imputar a la consejera que gestionó el incendio de Guadalajara
Los relaciona con la entonces consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha
La ex consejera es persona aforada y sólo puede ser juzgada por el TSJCLM
Imputa al director del parque natural y al alcalde de la Riba de Saelices
Varios de los once fallecidos viajaban en el todoterreno cuando fueron sorprendidos por las llamas. La juez de Primera Instancia e Instrucción de Sigüenza (Guadalajara), María del Mar Lorenzo Calvo, ha apreciado indicios delictivos en la conducta de Rosario Arévalo, que era consejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha en julio de 2005, cuando se produjo el polémico incendio en el Alto Tajo en el que perdieron la vida 11 trabajadores forestales.
En un auto, la magistrada considera que "nos encontramos ante unos hechos presuntamente constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave" y observa "carencias importantes en cuanto al control del uso de las barbacoas, su vigilancia, la ausencia de medidas específicas y adecuadas, la defectuosa ejecución y control del Plan de Emergencias de incendios forestales de Castilla-La Mancha, defectos en la formación y en la actividad de extinción del incendio".
Sostiene que "todo ello" está relacionado "con las funciones" que la entonces consejera "tenía encomendadas derivadas de las competencias propias de su cargo y que le fueron atribuidas por la legislación vigente".
En el mismo auto, al que ha tenido acceso elmundo.es, la juez recuerda que la ex consejera es persona aforada y, por tanto, es al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) al que corresponde juzgarla. La magistrada remite testimonio de su resolución al citado tribunal para que proceda como estime oportuno.
Rosario Arévalo desempeña, en la actualidad, el puesto de directora de Medio Ambiente en Enusa Industrias Avanzadas SA, una empresa que abastece de combustible a las centrales nucleares y que está participada al 60% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al 40% por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Asimismo, la juez también ha imputado, en una providencia, al delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González; al que era alcalde del pueblo en el que se originó el incendio, la Riba de Saelices, el socialista José Luis Samper; al director del Parque Natural del Alto Tajo por aquellas fechas, Rafael Ruiz López, y al director general de la empresa de extinción SPA, Joaquín Baumela Navarro.
Con estos son ya 26 los imputados –la mayoría, altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha– por el incendio que se originó el 16 de julio de 2007. Las familias de los fallecidos llevan dos años pelando para sentar en el banquillo a los funcionarios que consideran responsables de la tragedia.

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RESPONSABILIDADES

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Procesadas las mismas 20 personas por el incendio de Guadalajara en el procedimiento sumario
- La jueza imputa un delito de incendio forestal por imprudencia a ex altos cargos y técnicos de la Junta y a tres de los excursionistas
AGENCIAS. Guadalajara Miércoles, 13 de enero de 2010
La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sigüenza (Guadalajara), María del Mar Lorenzo, ha dictado auto de procesamiento contra 20 personas por el incendio de Guadalajara de julio de 2005, en el que fallecieron 11 miembros de un retén anti-incendios, las mismas que había imputado anteriormente antes de que el procedimiento pasara a sumario. En concreto, imputa un delito de incendio forestal por imprudencia a ex altos cargos y técnicos de la Junta y a tres de los excursionistas.
Según el auto, con fecha de este miércoles y al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza mantiene por tanto en número y nombres, las imputaciones que ya realizó cuando la instrucción se realizó por procedimiento abreviado. Este procedimiento se cambió a sumario tras un auto de la jueza del pasado 13 de noviembre en el que dejaba sin efecto la resolución del 20 de mayo por la que imputó por estos hechos a estas mismas 20 personas.

Entre los procesados se encuentran nuevamente la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo; el ex director general de Política Forestal, José Ignacio Nicolás; el delegado de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González; o el alcalde de La Riba de Saelices, José Luis Samper.

Entre los procesados también se encuentran el presunto autor de la barbacoa Marcelino Herce, y los que se supuestamente se encontraban vigilándola, Juan José Jiménez e Iasson Klados, mientras que la jueza ratifica el archivo la causa contra los otros cinco excursionistas del grupo: David Fanego, María Delgado, Serapia Cruz, Olga Fulgencio y Carlos Fernández.

A los delitos de incendio forestal por imprudencia grave, se añaden otros de homicidio por imprudencia profesional y contra los derechos de los trabajadores en el caso de Carlos Damián Muñoz, técnico del teléfono de emergencias 112; Antonio Solís, jefe de coordinación provincial de incendios; así como Miguel Genaro Aguilar, Antonio Pallarés, José María Gaitán, Ángel Millán, y Alfredo Luis Chavarría, todos ellos técnicos de la Junta.

En el caso de Luis Miguel Carrascal, representante de la empresa Tragsa en Guadalajara, se imputa un presunto delito de incendio forestal y contra los derechos de los trabajadores, pero no el de homicidio por imprudencia profesional.

El resto de imputados son el secretario del Ayuntamiento de La Riba de Saelices, José Luis Huarte; el ex alcalde de este municipio, Hipólito Sebastián Ballesteros; el responsable de una empresa de extinción de incendios, Joaquín Baumela; el responsable de Helisureste, Luis Miñano; y el que era responsable del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz López.


HECHOS

En el relato de los hechos la jueza recuerda que Marcelino Herce fue el autor de la barbacoa que originó el fuego en la Cueva de los Casares, donde entonces el uso del fuego estaba permitido, pero que éste realizó "sin adoptar las medidas preventivas adecuadas". Por su parte, Iasson Klados y Juan José Jiménez Casado colaboraron con su participación, permaneciendo junto a las barbacoas. Aquí habla de la "desatención en la vigilancia y control del fuego, especialmente necesaria debido a las altas temperaturas".

Una vez originado el fuego, afirma que durante la gestión del Servicio de Emergencias, concurren "importantes defectos" en la ejecución del Plan de Emergencias, así como una "defectuosa ejecución" de funciones de los imputados. En cuanto a técnicos del 112 que se encargaron de coordinar las operaciones de extinción de incendios, la jueza aprecia igualmente "defectuosa ejecución y control" del Plan de Emergencias, con una "movilización tardía de medios humanos y materiales, y defectos en la dirección y coordinación de los existentes".

Aprecia que estas conductas evidencian "una gestión que diverge sustancialmente del contenido de las normas que resultaban de aplicación, siendo común la toma de decisiones apartadas de la esencia de las mismas y derivada de consideraciones particulares".

También habla de "deficiencias" en el mantenimiento de medios de extinción como Kamov y Velif, que se evidencian "en las averías que los mismos sufrieron en momentos clave del incendio y que afectaron a la extinción del mismo, "toda vez que los mismos resultaron temporalmente inoperativos".

A responsables municipales de La Riba de Saelices atribuye deficiencias en cuanto a la gestión del riesgo de incendios, medidas de prevención, ausencia de medidas específicas y adecuadas en el área recreativa y zonas aledañas así como en el estado de limpieza, ubicación, mantenimiento, seguridad y obras realizadas en las barbacoas.

EX ALTOS CARGOS

Sobre el ex director de Política Forestal, la jueza establece que durante su gestión se aprecian "deficiencias en cuanto a la prevención y lucha contra incendios forestales y estado del monte, todo ello en relación a las funciones que tenía encomendadas derivadas de las competencias propias de su cargo"; y sobre el director del Parque Natural del Alto Tajo, "deficiencias en cuanto a la prevención de incendios forestales, estado del monte, medidas de gestión de riesgos de incendios, autorización del uso estival del fuego, control del uso de barbacoas, su vigilancia, mantenimiento y limpieza y ausencia de medidas específicas y adecuadas".

Por último, la jueza explica que durante la gestión de ex delegado de Medio Ambiente en Guadalajara se aprecian "deficiencias en cuanto a la prevención de incendios forestales, estado del monte, autorización del uso estival del fuego, control del uso de las barbacoas, su vigilancia y ausencia de medidas específicas"; y que durante la de la ex consejera de Medio Ambiente, "deficiencias en cuanto al control del uso de barbacoas, su vigilancia, la ausencia de medidas específicas, tal como la prohibición del uso del fuego, dadas las circunstancias concurrentes, toda vez que reconoce que la Consejería podría haber prohibido el uso del fuego pero lo supedita a a que hubiera habido algún informe o solicitud al respecto".

Igualmente, María del Mar Lorenzo dicta el sobreseimiento de la causa, como ya hizo durante el procedimiento abreviado, contra otras nueve personas, entre los se encuentran, además de cinco de los excursionistas, el responsable de la torre de vigilancia de La Riba, Carlos Rojo; el guarda forestal de la Cueva de los Casares, Emilio Moreno; así como Sagrario Gutiérrez y Carlos Vázquez, técnicos del 112.


LOS FAMILIARES, CONTENTOS

Tras conocer el auto, el portavoz de la Asociación de Familiares de algunos de los fallecidos en el incendio, José María Manteca, mostró su "satisfacción" al considerar que "pone de manifiesto que la Justicia se mueve". Manteca señaló que fueron "el Ministerio Fiscal y la Junta de Comunidades" quienes "más presionaron" para que el procedimiento pasase a sumario y apuntó que "a partir de ahora se abre la posibilidad de que puedan caer penas más graves sobre los imputados".

En este sentido, el portavoz de la Asociación de Familiares aseguró que la decisión de la jueza "es un aviso para navegantes" y agregó: "si yo fuese técnico y estuviese imputado, me lo haría mirar porque existe el problema para ellos de que ahora las penas pueden ser mucho más elevadas".

Por su parte Miguel Solano, abogado de la acusación particular, también se mostró satisfecho con la decisión de la jueza seguntina "porque incluso va más allá de lo que nosotros pedimos en su día" y señaló que "tras el cambio al procedimiento de sumario se nos ha abierto la posibilidad de pedir penas más elevadas para los imputados". En todo caso, Solano dijo que aún queda "mucho desfile de cámaras y procesados" hasta que se concluya el proceso.